Las frambuesas de la ira.

Son sabrosas las frambuesas. En el sur se han ido multiplicando los cultivos de este berry de color rojo violáceo que da tan agradable sabor a los postres y kuchens confeccionados con ellas. Pero conllevan un peligro, son capaces de desbancar a personalidades de la administración pública. No es que sean tóxicas, ni que comerlas en gran cantidad vaya a producir una indigestión, sino que comercializarlas como un “pititutito” anexo a las actividades oficiales, trasladándolas en automóviles del Estado, puede resultar particularmente peligroso.

Es lo que le ocurrió a la subsecretaria de Transportes Elinett Wolff por ceder a la tentación de colocar los productos de su parcela de cultivos de frambuesa entre restaurantes y otros locales vecinos al centro de Santiago. Error casi infantil, nadie podría nunca censurar que tuviera este tipo de negocios, pero podría haber sido más astuta y dejarlo en manos de otros, parientes o amigos. Una servidora pública de nivel superior no puede caer en el comercio minorista de feria, es indigno a su condición, aunque sea legítimo. Lo que no es legítimo, en ningún caso, es el empleo de vehículos asignados por el Estado para su uso personal de traslados y asuntos oficiales. Ahí hay abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, utilización espúrea de los recursos del Estado.

Lo que le ha pasado a ella de manera manifiesta y denunciado por el diario electrónico El Mostrador es algo muy común, desgraciadamente. Cada día se cometen abusos con los bienes del Estado, se aprovecha de mala manera los recursos invertidos con los impuestos de todos los chilenos por aquellos que tienen la responsabilidad de administrarlos. A veces son pequeñas prebendas, como artículos de oficina, llamadas telefónicas, viáticos exagerados, almuerzos de trabajo; otras veces mayores ítemes, como el tiempo dedicado a trabajar que se pierde en distracciones, o irse antes de la hora, o llegar más tarde, o licencias médicas conseguidas con médicos inescrupulosos, o simplemente trabajar a desgana.

El rol de funcionario público es delicado. Debiera ser casi vocacional. El sentido del servicio es una virtud superior, propia de voluntades abnegadas y dispuestas al sacrificio, nunca mero sentido mercenario, por la escasa paga, pero segura. Por marcar el paso, propia de mediocres y acomodados. Lamentablemente las políticas públicas en este aspecto no favorecen la excelencia en el servicio. Los compromisos políticos en la asignación de cargos han pasado a ser una regla, no importa cuánto idóneo sea el funcionario, pero se ha cumplido con la tarea de coresponder a un voto, a un respaldo, a una campaña, a un compadrazgo de lealtad mal entendida. No se mide la tarea por la eficacia y la disposición. Sólo por la necesidad de pagar un servicio prestado, por la cortina de protección tendida alrededor que puede ser útil más tarde para ocultar un desliz, disimular una alteración, hacer menos evidente una trasgresión. Y tener a mano a quién culpar. Chivos expiatorios a bajo precio.

El episodio llamado ahora “frambuesagate” es un exagerado y ridículo ejemplo de hasta dónde puede llegar el mal uso de estas facultades. Que traduce tal vez el sentimiento de impunidad que impera entre algunas autoridades actuales. Pero la democracia sigue funcionando, afortunadamente. Y los medios de comunicación denunciando estas irregularidades. Lamentablemente para los funcionarios que se ven expuestos al escarnio público. Lamentablemente para el jefe supremo que ve caer uno a uno a sus paladines por una u otra suerte de corrupción.

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